Resumen: Posición ante la anulación por el Tribunal Constitucional del artículo 50.1 del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), por considerar necesario que la ley predetermine suficientemente las infracciones y las sanciones, así como la correspondencia entre unas y otras.
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